La participación civil en el gobierno del “Proceso de Reorganización Nacional”

El aniversario de los 40 años del golpe militar que dio por término al debilitado y fragmentado gobierno peronista de María Estela Martínez de Perón, el 24 de marzo de 1976, constituye un momento propicio para realizar algunos balances en torno a esta experiencia y sus consecuencias, aún latentes en la construcción de los problemas públicos que ocupan a la sociedad en la actualidad.

Mi intención es trazar un recorrido sobre algunas aristas de este proceso que la perspectiva histórica ha colaborado en iluminar. En particular, quisiera traer a colación las formas de consenso que el gobierno inaugurado hace 40 años despertó entre amplios sectores sociales, en especial, entre dirigentes políticos y sociales de segunda o tercera líneas, y las consecuencias que este tipo de prácticas de participación generó sobre el rearmado de los partidos políticos al momento en que el proyecto de una salida tutelada bajo la égida de las Fuerzas Armadas fracasó.

“La participación de civiles en la administración pública provincial y municipal por medio de cargos intermedios y menores constituyó, en los planes de los militares, un vehículo apropiado para construir legitimidad frente a un gobierno que no había sido elegido por el voto popular”.

Desde el campo de la historiografía, los nuevos enfoques de investigación han prestado particular atención sobre las formas en que construyeron consenso social los distintos regímenes autoritarios (desde el nazismo, el fascismo y el estalinismo hasta las dictaduras latinoamericanas), ampliando la mirada por sobre los dispositivos represivos. La atención prestada a la propaganda oficial, a la imaginería monumental, a la movilización de la mitología nacional, a las festividades y conmemoraciones son algunas vías para explorar el sustrato social en el cual estas iniciativas fecundaron. A ello se suma el análisis de ciertos incentivos materiales y simbólicos que ayudan a comprender el apoyo que los gobiernos de corte autoritario recibieron, donde el empleo en la administración publica resultó un punto de medular importancia.

Dentro de esta fructífera línea de análisis, en Argentina las investigaciones han avanzado en colocar el foco sobre el examen de las posiciones adoptadas por los partidos políticos y sus dirigentes en distintas etapas del gobierno delProceso. También han destacado el papel que jugaron los elencos provinciales y municipales en el sostenimiento de los aparatos burocráticos estatales a nivel local, tomando como casos testigos algunos municipios del conurbano bonaerense.

Las miradas sobre la “micropolítica”, es decir, lo acontecido en pequeñas comunidades o municipios, ha colaborado en mostrar la capilaridad del tejido social, donde la participación de civiles en puestos de jerarquía intermedia o baja resultó clave para la construcción de consensos. La participación en estas estructuras estatales, especialmente en los peldaños más bajos de la administración, no necesariamente significó un apoyo explícito al proyecto ideológico procesista, sino que tuvo motivaciones subjetivas y sociales, y bajo estrategias diversas, como la posibilidad de obtener ascensos en las carreras burocráticas y profesionales u obtener cierto reconocimiento en la comunidad de origen.

En un trabajo pionero, Daniel Lvovich trae a colación un informe de la Secretaría de Informaciones del Estado publicado por el diario La Nación en 1979 para exhibir que la mayoría de los intendentes que fueron parte del gobierno del Proceso eran civiles. El documento dejaba constancia de que, en el conjunto de la Argentina, tan sólo el 10 % de los intendentes eran militares, mientras que el resto eran civiles. Dentro de este último grupo, el 38 % era personal apartidario y el resto pertenecía a distintos partidos políticos tradicionales (cerca del 19 % era de extracción radical; el 11,35 %, de extracción peronista o afín y el 6,45 %, del Partido Demócrata Progresista, entre otros).

“Para el caso de Mendoza, aún resultan escasos los trabajos cuantitativos en torno a las características del personal político y administrativo que nutrió las estructuras estatales y dio sustento al gobierno procesista. Sin embargo, las restituciones históricas del período han demostrado que la participación civil afectó más al rearmado del Partido Demócrata por la forma en que se configuró la salida democrática”.

Los lazos que unían a los miembros del Partido Demócrata con los gobiernos militares eran diversos: sus dirigentes habían integrado los cuerpos diplomáticos del gobierno militar, intendencias y puestos de la administración pública. La participación de los grupos afiliados o cercanos al PD se acrecentó hacia 1980, cuando el gobierno militar comenzó a dialogar tibiamente con los distintos sectores políticos para delinear un proceso de transición que incluyera a los militares. Esta relación se vio reforzada en 1981 con la decisión del gobierno militar de abrir el juego político y acordar una cuota de poder a las dirigencias políticas provinciales y locales afines con el régimen.

Si bien el proyecto de participación ofreció algunas resistencias, un conjunto de dirigentes partidarios demócratas acogieron con entusiasmo esta medida, especialmente por el debilitamiento que había generado el plan económico nacional en el conjunto de la economía regional, ya que consideraban que la gestión de los militares había sido poco eficiente. El argumento que llevó adelante la dirigencia demócrata concordaba con el esgrimido en otras oportunidades: la mala administración y el descalabro económico que habían generado las intervenciones foráneas, o aquellas que no conocían en profundidad los problemas de la provincia, exigía la actuación de sus elencos partidarios.

Cuando el fracaso militar en Malvinas echó por tierra los anhelos castrenses de una salida tutelada y la sociedad dio las espaldas al gobierno militar, las posibilidades de reconversión de la dirigencia demócrata resultaron escasas. En una sociedad que buscaba dar una vuelta de página, las preferencias electorales en 1983 se inclinaron por aquellas opciones que apostaron a una revaloración de las instituciones democráticas y un corte con el pasado autoritario.

Por: María Virginia Mellado – Investigadora Asistente CONICET.