La obra pública en debate: un recorrido por la historia de Mendoza demuestra que es clave para el desarrollo

Por: Cecilia Raffa, investigadora del CONICET en el INCIHUSA (Grupo Historia y Conservación Patrimonial)

La importancia de la obra pública es innegable en cualquier sociedad moderna. Este campo promovido por las distintas escalas de administración de gobierno, abarca una amplia gama de proyectos e iniciativas. Desde la construcción de infraestructuras básicas hasta el desarrollo urbano sostenible, la obra pública juega un papel crucial en el bienestar y el progreso económico y material de las comunidades.

En su composición, se incluyen proyectos como autopistas, puentes, ferrocarriles, infraestructuras esenciales para facilitar la conectividad y la movilidad, permitiendo a las personas y bienes trasladarse de manera eficiente y segura. Además, supone el desarrollo de instalaciones educativas, de salud y recreativas, entre otras. Construir y mantener escuelas, hospitales y centros culturales, extender redes básicas de agua potable y saneamiento, gas y electricidad, tanto como la renovación urbana de barrios deprimidos, no solo mejora la calidad de vida de la ciudadanía, sino que también fomenta la cohesión social y el bienestar general. Es particularmente en las instalaciones generadas por el Estado (pensemos en cualquier tipo de espacio público), donde las comunidades se congregan, interactúan y mejoran su calidad de vida.

Asimismo, sabemos que la obra pública ha funcionado y funciona como activador económico. Los proyectos no solo generan empleos directos e indirectos durante su construcción, sino que también estimulan otras industrias relacionadas a la manufactura y los servicios, y propician la formación de empresas para abastecer los requerimientos de construcción.

Pero hagamos un poco de historia. Mendoza tiene una rica tradición en la construcción de diversas obras públicas que han moldeado su paisaje a lo largo de los siglos. Desde la época precolombina hasta la actualidad, las infraestructuras y los equipamientos han desempeñado un papel crucial en su evolución, marcando hitos importantes en su crecimiento y modernización.

Antes de la llegada de los europeos, el territorio que hoy ocupa Mendoza estaba habitado por culturas que desarrollaron técnicas de riego sofisticadas en respuesta a las condiciones áridas del lugar. Estos sistemas de riego fueron fundamentales para la agricultura y marcaron el inicio del manejo humano del agua en la región, un legado que sería vital para las obras públicas futuras.

Con la llegada de los colonizadores españoles en el siglo XVI se inició la construcción de las primeras estructuras. El cabildo y el damero urbano, los fuertes, así como las tomas de agua establecidos a lo largo del siglo XVII sirvieron como puntos de partida para la consolidación y expansión territorial. La construcción de caminos y puentes comenzó a conectar los primeros asentamientos, sentando las bases para el desarrollo de la provincia.

Durante el siglo XIX, Mendoza experimentó un crecimiento significativo impulsado por la inmigración europea y la expansión económica asociada a la agricultura y la vitivinicultura. Este período vio la construcción de obras claves como la red ferroviaria, que conectó la provincia con el resto del país y facilitó el transporte de productos agrícolas hacia los centros urbanos y los puertos de exportación.

A principios del siglo XX, la modernización de la infraestructura urbana adquirió un nuevo impulso con la construcción de edificios públicos para el desarrollo de actividades asociadas a la administración y la educación, principalmente y de servicios como la electricidad. La expansión de la red de agua potable y la mejora de las condiciones sanitarias que incluyó la construcción de hospitales y centros de salud, fueron prioritarias para mejorar la calidad de vida de la creciente población urbana. Además, se comenzaron a construir obras hidroeléctricas para aprovechar el potencial energético de los ríos de la región.

Desde la década de 1950 aproximadamente, Mendoza ha enfrentado desafíos significativos en cuanto a la infraestructura y el equipamiento públicos. El crecimiento urbano continuo ha exigido la expansión de redes de transporte y la mejora de la accesibilidad, con la construcción de nuevas autopistas y la modernización de las redes de transporte público. La construcción de viviendas, una de las principales problemáticas del Estado, y la gestión del agua siguen siendo una preocupación central, con proyectos de barrios para clases medias y bajas, y represas y sistemas de irrigación que buscan garantizar el acceso a una morada, tanto como el suministro de agua para usos productivos y el consumo humano en un entorno semidesértico.

Desde las primeras décadas del siglo XXI, la preservación de la obra pública como patrimonio histórico y cultural se ha integrado, aunque con disímiles alcances, a la agenda gubernamental provincial. Además, las obras impulsadas por el Estado juegan un rol importante en el desarrollo urbano sostenible y la mitigación de los efectos del cambio climático. Proyectos como la construcción de nuevos parques urbanos y edificios sostenibles, sumados a los intentos de planificación urbana integrada contribuyen a mejorar la calidad ambiental y a reducir la huella de carbono.

¿Será posible el desarrollo de una comunidad sin obra pública? La historia nos demuestra que el rol del Estado en la construcción de infraestructuras y equipamientos es irremplazable. Sin embargo, también la historia nos marca como fundamental entender que la planificación y ejecución de la obra pública requieren una coordinación cuidadosa entre el gobierno, el sector privado y la sociedad civil. La transparencia, la rendición de cuentas y la participación ciudadana son elementos esenciales para garantizar que los proyectos respondan a las necesidades reales de la población y se ejecuten de manera eficiente.