Infraestructura hídrica y desarrollo de los oasis productivos en Mendoza

Recientemente la opinión pública mendocina ha vuelto a escuchar acerca del conflicto que mantiene la provincia con su vecina La Pampa por el río Atuel, o de la negativa de esta última a que se concreten las obras de Portezuelo del Viento y en el Complejo Los Blancos, en el río Tunuyán. Estos conflictos, de larga data por cierto, son parte del interés de los estudios de las diferentes obras hídricas e hidroeléctricas con las que cuenta la provincia. Son conflictos que forman parte de la historia de la gestión hídrica en Mendoza, la que han contribuido a restituir diversos investigadores locales a lo largo del tiempo. En nuestro caso, el interés reside en comprender diversos aspectos del accionar público respecto de la infraestructura hídrica provincial en la primera mitad del siglo XX.

Los estudios históricos sobre las concreciones materiales del Estado durante el siglo en cuestión permiten recuperar aspectos interesantes no sólo relativos a las complejidades técnicas de las obras, sino del propio accionar del Estado en sus diferentes instancias (nacional o provincial) y de otros actores y sus intereses.

El siglo XX constituyó uno de los períodos más fructíferos en materia de construcciones hídricas e hidroeléctricas tanto en el país como en la provincia.

La tarea llevada adelante no estuvo exenta de dificultades, considerando que las condiciones ambientales de provincias como Mendoza convierten cualquier plan en verdaderos desafíos técnicos y políticos. De manera que las oportunidades financieras o el acertado cálculo de los ingenieros no siempre implicaron inmediatamente el éxito de la planificación, sino que en general entraron en juego una conjunción de diferentes factores y voluntades.

Considerando que este tipo de obras implican la disponibilidad de financiamientoy tiempo para llevar adelante los trabajos, que muchas veces superan en tiempo de ejecución a las gestiones gubernativas, resulta interesante saber cuándo y cómo se emprendieron las obras, quiénes motorizaron la planificación de las mismas, de dónde surgieron los fondos, cuáles fueron los objetivos de su concreción, entre otros aspectos.

El aprovechamiento del agua en el territorio de la provincia de Mendoza data del período prehispánico, cuestión que ha desarrollado en profundidad el investigador mendocino Ricardo Ponte. Pero un hito trascendental en este sentido lo constituyó la sanción, a fines del siglo XIX, de la primera Ley de Aguas de la provincia. Como se sabe, frente a la necesidad de incrementar la producción, en el marco de un modelo agroexportador, Mendoza debió optar por un tipo de actividad productiva acorde con sus recursos y sus potencialidades. En ese contexto, la élite mendocina introdujo y fomentó el desarrollo de la actividad vitivinícola. Los empresarios locales llevaron sus productos a los crecientes centros de consumo del país, fundamentalmente Buenos Aires y Rosario, que se vieron favorecidos por el influjo migratorio europeo. En este escenario el rol que desempeñaba el agua para riego era fundamental, pues de su correcta distribución dependía el desarrollo de la actividad en la provincia. Por todo esto, en 1884 se sancionó la Ley de Aguas y se creó el Departamento General de Irrigación, un organismo público autónomo que en adelante sería el encargado del gobierno del agua.

También quedó instituida la participación de los regantes en la gestión del agua, algo que perdura hasta nuestros días.

En los años siguientes se fueron profundizando, extendiendo y dotando de obras los canales existentes. De los ríos más importantes con que cuenta la provincia, cinco fueron objeto de intervención (el Mendoza, Tunuyán, Diamante, Atuel y Malargüe). Este proceso no se dio al mismo tiempo ni de manera uniforme, sino que fue paulatino; lo que generó ciertos desequilibrios en el desarrollo de los oasis. Al río Mendoza se destinaron fondos para la construcción de obras ya a fines del siglo XIX. A partir de esa inversión se concretó el dique Luján, durante la gobernación de Tiburcio Benegas (1889). En el curso de este río se concentraron los emprendimientos vitivinícolas más destacados de Mendoza, por lo que su concreción revestió vital importancia.

En paralelo a los avances sobre el río Mendoza, los colonos del sur mendocino, en el departamento de San Rafael y en la Colonia de Alvear, tuvieron una gran participación en la apertura de canales e hijuelas. Algo similar sucedía en el curso del río Tunuyán, en su tramo alto, en el Valle de Uco, y en su tramo bajo, que riega las zona Este de Mendoza. De esta forma, se sustentaba la expansión de la agroindustria en la provincia.

Por su parte, las autoridades nacionales favorecieron el desarrollo de la red hídrica, ya fuera para contener el agua, tal el caso de la región de la pampa húmeda, o para captar y distribuir en zonas donde no abundaba. En 1909, el gobierno nacional sancionó la primera Ley de Irrigación, pero los alcances y beneficios de dicha ley para nuestra provincia todavía son discutidos. Se sabe que entre la sanción de la ley y el año 1940, aproximadamente, la provincia de Mendoza realizó comparativamente un esfuerzo cuatro veces más importante que la Nación. De hecho, la dirigencia local y los regantes no esperaron el concurso de la Nación para avanzar en las obras, sino que las mismas fueron el resultado de esfuerzos compartidos.

Una nueva etapa se inicia a partir de los años ´30. La crisis económicainternacional de 1929/30 repercutió en forma negativa en el país y Mendoza, tanto en términos económicos como políticos y sociales. Con la finalidad de enfrentar tales males, las autoridades nacionales y provinciales alineadas en un mismo esquema doctrinal neoconservador implementaron cambios en la actuación del Estado. Esta dirigencia entendió que el rol del Estado ante los problemas económicos y sociales debía ser más activo (tendencia que se acentuaría en el primer peronismo).

Los gobiernos neoconservadores de Mendoza (1932-1943) llevaron adelante un plan de fomento de actividades alternativas a la vitivinicultura -entre ellas la fruticultura– en áreas aún poco desarrolladas, específicamente en la zona Centro, Sur y Este de la provincia.

Esta política tenía la finalidad de diversificar la matriz productiva local ante los inconvenientes de superproducción que atravesaba la actividad vitivinícola. Pero para lograr sus objetivos era necesario emprender obras hidráulicas. Eso dio lugar a la construcción de diferentes obras de captación y canalización en el tramo superior del río Tunuyán, por ejemplo el dique Valle de Uco (1939), logrando de esta forma aprovechar las tierras fértiles. Posteriormente, con la finalidad de mejorar el riego en todo el sistema del río Tunuyán, se modernizaron los diques Medrano y Phillips, ya existentes y situados en los tramos medios y bajo del río.

Por otra parte, las autoridades debieron enfrentar los problemas derivados del mal estado de los desagües pluviales, que ocasionaban grandes pérdidas económicas a los productores del Sur, Este y algunos departamentos del Norte, como Lavalle. También los inconvenientes acarreados por los aluviones, que constituían una verdadera amenaza tanto para los cultivos como para la población en general. Basta recordar las nefastas consecuencias del aluvión acaecido en el verano de 1934, cuando se rompió un dique natural en uno de los efluentes del río Mendoza y la crecida se prolongó hasta la localidad de Palmira, con un saldo de veinte personas fallecidas.

En 1940, un ambicioso plan de obras para Mendoza fue delineado en forma conjunta por las autoridades nacionales y provinciales. Puede pensarse que el emprendimiento estaba influenciado por la experiencia de obras similares realizadas en Estados Unidos durante el gobierno del presidente Franklin D. Roosevelt, cuya envergadura deslumbraba a ingenieros, políticos y militares. Fruto de ese plan concertado entre nación y provincia fue la construcción del dique El Nihuil, que comenzó en 1941. Además de las diversas obras, lo que resultó distintivo fue que se propusieron realizar estudios para avanzar sobre el Sur mendocino, con intervenciones sobre los ríos Atuel, Diamante, Malargüe, Barrancas y Grande (Mercado, 2014). Los planificadores estatales se interesaron por la posibilidad de domar los caudales de este último, pues imaginaban que con ello podrían incrementar 200 mil hectáreas para la producción. No obstante, mucho de lo planificado quedó trunco por la coyuntura política de 1943.

Si bien la llegada del peronismo al gobierno nacional y provincial provocó un gran cambio en materia de infraestructura hídrica, muchas de sus políticas fueron iniciativas de gobiernos anteriores. Concretamente, algunas fueron retomadas y se les dio un nuevo significado en base a la doctrina justicialista. Se sabe que previo al arribo de Perón al gobierno se debatía acerca de las necesidades de avanzar sobre la producción de energía hidroeléctrica, más barata que la térmica, pero no se delineó ninguna política específica en esa dirección, salvo algunos tímidos proyectos. Con el peronismo en el poder y la instauración decisiva del modelo económico de sustitución de importaciones la producción se orientó a un mercado interno favorecido por las políticas redistributivas que animaban el mayor consumo de la población. En este nuevo contexto se requería energía para producir mayor cantidad de bienes. Es así que se proyectaron numerosas obras, tanto de riego como para la producción de energía hidroeléctrica, aunque se concretó sólo una parte de las planificadas.

Como en el sur de Mendoza la infraestructura hídrica era insuficiente para aprovechar las posibilidades que ofrecía la región, este territorio fue uno de los más favorecidos con obras importantes como diques, impermeabilización de canales, entre otras. Cabe destacar el vínculo que entablaron nación y provincia en esa coyuntura.

Hasta ese momento Mendoza había tenido un protagonismo destacado en cuanto a la planificación y concreción de sus obras, pero a partir del año 1949 tal protagonismo comenzó resquebrajarse.

No se puede dejar de señalar las notas centralizadoras de la gestión peronista, como tampoco el cambio constitucional de 1949, que nacionalizaron las caídas de agua. No obstante, la provincia continuó beneficiándose con la decisión nacional de concretar obras, ya que las autoridades locales encontraron hábilmente los intersticios que el juego político les ofreció. En este marco, entre 1952 y 1955 se realizaron estudios y expediciones con la finalidad de obtener información para planificar grandes obras con miras a profundizar la producción de energía hidroeléctrica en el territorio e incrementar hectáreas irrigadas.

Con el golpe de Estado de 1955 ambiciosos proyectos, como la derivación de los cursos de agua Cobre y Tordillo, quedaron truncos. Más adelante, enmarcados en otros modelos políticos e ideológicos, algunos proyectos importantes fueron retomados. Se lograron concretar obras como las centrales hidroeléctricas Los Nihuiles y Agua del Toro. En el Sur, sobre el río Tunuyán, se concretó el embalse El Carrizal.

En este sentido, la importancia del agua para la provincia hizo que, pese a algunos conflictos, se superaran diferencias entre las distintas partes e imperara el entendimiento por sobre la confrontación como camino para la obtención del interés general. Estos asuntos, sin embargo, deberían ser todavía más estudiados para comprender mejor los conflictos en torno al recurso hídrico que subsisten en la actualidad.

Por Laura L. Ortega / INCIHUSA – Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, UNCuyo

Obreros trabajan en la reconstrucción del dique Cipolletti, luego del aluvión de 1934.

Construcción del dique Agua del Toro.