Argentina tiene varios desafíos por delante para alcanzar la transición energética

En el caso de nuestro país, las dificultades macroeconómicas, su matriz energética y la forma en que se inserta en el mercado mundial actualmente contrastan con las capacidades científicas, tecnológicas e industriales adquiridas a lo largo de los años, estableciendo posibilidades y limitaciones particulares en el proceso global de una transición energética hacia energías renovables.

A nivel global, se han fomentado tratados, cumbres y convenios con el objetivo de adoptar políticas para la reducción de la emisión de gases de efecto invernadero a fin de limitar el aumento de la temperatura global. En nuestros estudios, pretendemos preguntarnos la manera en que este proceso debe darse en un país periférico como Argentina. La gestión y acceso a la energía son problemas de carácter estratégico para el país; por ese motivo, es necesario vincular la transformación de la matriz energética con las potencialidades y limitaciones productivas y tecnológicas que existen en nuestro territorio.

Entre las políticas globales más relevantes, podemos mencionar la Cumbre de Río de Janeiro de la ONU en 1992, que reflejó el consenso internacional a la hora de abordar el problema del cambio climático. El Convenio Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), que entró en vigor en 1994, reconoció los efectos del cambio climático causado por la emisión de gases de efecto invernadero. El protocolo de Kyoto, en 1997, estableció lineamientos para reducir la emisión de esos gases. En el Acuerdo de París, en 2015, los países adherentes se comprometieron a presentar metas de reducción de emisiones, en consonancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas (ONU), en la cual se ratificó el compromiso de llevar adelante políticas en esa dirección.

En estos compromisos la transición energética, entendida como el cambio del uso de una fuente principal de energía (y de toda la infraestructura y tecnologías que eso conlleva) a otra, ha sido una de las principales políticas planteadas. La intención es abandonar los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas) y utilizar fuentes que no generen emisiones (solar, eólica, hidráulica, entre otras). Sin embargo, estas transformaciones implican una diversidad de actores políticos, económicos y sociales, con intereses divergentes, así como nuevos desafíos tecnológicos, financieros y ecológicos.

Desde una perspectiva crítica, se plantea que la crisis climática global exige una transición socioecológica hacia nuevas formas de producción y consumo.  El aumento exponencial de la emisión de gases de efecto invernadero se registra desde la Revolución Industrial y como consecuencia del desarrollo económico llevado adelante por los países centrales. Estos países han sido los responsables en mayor medida de la situación en la que estamos hoy. Se pueden consultar datos e infografía de la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (CMNUCC), también en la Agencia Internacional de Energía, la Agencia Europea de Medio Ambiente, entre otras fuentes.

Es por ello por lo que pensar una transición energética que se desarrolle junto con la mejora de la calidad de vida de los países del sur global genera nuevos interrogantes que no se limitan únicamente a la incorporación de paneles solares o parques eólicos. Desde una mirada situada en América Latina, al considerar el papel de los gobiernos en sus distintos niveles, de productores y productoras, las empresas, trabajadores, trabajadoras y las organizaciones sociales se proponen cuatro objetivos/dimensiones que deben ser ponderados en estos territorios (por ejemplo, Sabbatella, 2021; Lazaro, Serrani et al, 2023; Boletines del Grupo de Trabajo de Clacso Energía y Desarrollo Sustentable).

En primer lugar, la descarbonización como objetivo indispensable para mitigar las consecuencias del cambio climático. En segundo lugar, la seguridad energética, teniendo en cuenta los problemas que la intermitencia de las energías renovables puede acarrear. Este punto exige un conjunto de políticas de planificación sustentado en el sostenimiento de energías de base, como la nuclear, la hidroeléctrica de gran escala y el gas, y también con el desarrollo e incorporación de tecnologías de almacenamiento.

En tercer lugar, el costo energético, que debe tener la característica de permitir el acceso y la asequibilidad de toda la población, vinculado directamente con la idea de transición justa, así como la competitividad de la economía. Este objetivo se vincula con el cuarto, que hace referencia a la necesidad de impulsar un desarrollo tecnológico de las energías limpias en la periferia, a través de la generación y ampliación de las capacidades tecnológicas e industriales alrededor de las nuevas tecnologías energéticas (Sabbatella, 2023).

Estas dimensiones, en muchos casos, son contradictorias entre sí, por lo que no existe una única transición energética posible. La definición del camino a tomar debe responder a las necesidades de cada territorio teniendo en cuenta los distintos intereses y actores involucrados.

Por un lado, Argentina es un país marginal en las emisiones de gases de efecto invernadero a nivel mundial debido a su baja población relativa y el tamaño de su economía. Sin embargo, la matriz energética del país corresponde en el 86 % a los hidrocarburos, sobre todo gas, para el que se posee una amplia infraestructura de transporte y se proyectan grandes inversiones por la existencia de una de las reservas no convencionales más importantes del mundo. El aporte de las fuentes renovables es aún marginal, aunque ha crecido en los últimos años mediante distintos programas de fomento, como Renovar y Mater.

Por otro lado, el país tiene capacidades productivas y un sistema de ciencia y tecnología robusto. Al mismo tiempo, se ubica como altamente dependiente de ciertas tecnologías por su lugar en la división internacional del trabajo, donde predomina la exportación de materias primas y productos manufacturados derivados de ellas.

Las dificultades que atraviesa Argentina

Desde la investigación que nos encontramos realizando, enmarcada en el Incihusa Conicet y la FCPyS UNCUYO, la visión es de conjunto como complejo socioproductivo inmerso en relaciones sociales con trayectoria histórica. Relaciones que exceden lo local, que son parte de la dinámica socioeconómica y política mundial y que definen no solo los acuerdos internacionales de los cuales somos parte, sino, y sobre todo, la materialización de estos.

En el aspecto concreto de la transición energética hacia la sustentabilidad socioambiental, los resultados de la investigación nos muestran varias dificultades que ponen en cuestionamiento esta transición promovida como solo la adición de nuevas fuentes de energía, denominadas renovables. Las articulaciones productivas para alcanzarla, es decir, esos objetivos de descarbonización y electrificación de nuestras matrices energéticas y productivas, denotan relaciones desiguales entre productores, generadores y consumidores.

Para empezar, los equipamientos necesarios para la incorporación de tecnologías de generación de energía sustentable en gran escala o en obras de envergadura provienen mayormente de China y otros países productores, líderes en la fabricación por escala de producción, lo que se traduce en menores precios que los posibles de alcanzar con producción local. Asimismo, los procesos de desarrollo de estos equipamientos, en todo o en parte, requieren un tiempo y, sobre todo, su sostenibilidad y continuidad en el tiempo.

El desarrollo científico-técnico con agregación de conocimientos disponibles en nuestra región precisa del acompañamiento institucional, público, abierto y participativo para materializarse y alcanzar esa continuidad. Este acompañamiento se refiere a políticas públicas duraderas,y sostenidas en materia productivo-industrial y energética, así como a su intencionalidad. Y esa intencionalidad requiere de la estabilidad macroeconómica básica respecto de la política monetaria, cambiaria y en materia de intercambios comerciales, tanto como de proyectos institucionales de mediano y largo plazo. Esto puede ilustrarse con aquellas iniciativas que fundaron nuestras instituciones de formación del sistema científico y tecnológico, tales como las universidades nacionales, el Conicet, CNEA, INTA e INTI.

*Comité de Divulgación Científica del Incihusa.